LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1.204
DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2001,
DE MENSAJE DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
Venezuela avanza aceleradamente hacia la actualización en materia de tecnologías de
información y de las comunicaciones. En los últimos años esta evolución tecnológica ha
revolucionado a nivel mundial las diferentes áreas del conocimiento y de las
actividades humanas, fomentando el surgimiento de nuevas formas de trabajar,
aprender, comunicarse y celebrar negocios. Al mismo tiempo ha contribuido a borrar
fronteras, disminuir el tiempo y acortar las distancias.
La particularidad de estas tecnologías de información es que utilizan medios
electrónicos y redes nacionales e internacionales adecuadas que constituyen una
herramienta ideal para realizar intercambios de todo tipo, incluyendo el comercial a
través de la transferencia de informaciones de un computador a otro sin necesidad de
utilizar documentos escritos en papel, lo que permite ahorro de tiempo y dinero.
El surgimiento de estas formas de interrelación cuenta actualmente con cientos de
millones de usuarios a nivel mundial, factor que incidirá en todos los ámbitos del
quehacer humano, entre estos, en la economía internacional y en el derecho, los
cuales deben estar presentes en estas actividades con el fin de proteger, a través de
sus normas, los intereses de los usuarios.
En consecuencia, se hace necesaria e inminente la regulación de las modalidades
básicas de intercambio de información por medios electrónicos, a partir de las cuales
han de desarrollarse las nuevas modalidades de transmisión y recepción de
información, conocidas y por conocerse, a los fines de garantizar un marco jurídico
mínimo indispensable que permita a los diversos agentes involucrados, desarrollarse y
contribuir con el avance de las nuevas tecnologías en Venezuela.
A lo expuesto, cabe agregar que la presentación de un instrumento legal que regule
estos mecanismos de intercambio de información, los haga jurídicamente
trascendentes a la administración de justicia, y les permita apreciar y valorar estas
formas de intercambio y soporte de información, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante dichos mecanismos y constituirse
en un aporte necesario e indispensable que permita construir la base jurídica para el
desarrollo de estas tecnologías.
En esta nueva modalidad de relación hace falta establecer dos elementos principales:
1. identificación de las partes 2. Integridad del documento o mensaje. De los cuales se
derivan responsabilidades (civil, patrimonial, penal, administrativa, disciplinaria, fiscal,
etc.), comunes a los actos y negocios normales previstos en nuestro ordenamiento
jurídico actual.
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El principal objetivo de este Decreto-Ley es adoptar un marco normativo que avale los
desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y negocios
electrónicos, para dar pleno valor jurídico a los mensajes de datos que hagan uso de
estas tecnologías.
Nuestra legislación actual establece, que cuando un acto o contrato conste por escrito,
bastará como prueba el instrumento privado con las firmas autógrafas de los
suscriptores. Dentro de este contexto el Decreto-Ley Sobre Mensaje de Datos y Firmas
Electrónicas, pretende crear mecanismos para que la firma electrónica, en adelante,
tenga la misma eficacia y valor probatorio de la firma escrita, siempre y cuando
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en este Decreto-Ley.
En términos generales, la legislación actual no reconoce el uso de los medios
electrónicos de manera expresa y en caso de un litigio, el juez o tribunal, tendrá que
allegarse de medios de prueba libre y acudir a la sana crítica para determinar que una
operación realizada por medios electrónicos es o no válida. Esta situación ha originado
que empresas y personas se sientan inseguras de realizar transacciones por medios
electrónicos, debido a la incertidumbre legal en caso de controversias.
Por ello se hace indispensable dar valor probatorio al uso de medios electrónicos en los
procesos administrativos y judiciales, sin que quede al arbitrio del juez considerar su
validez probatoria, en caso de controversia, debido a una ausencia de regulación
expresa.
Así tenemos que entre las principales disposiciones contenidas en el Decreto-Ley Sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, se encuentran disposiciones que regulan:
El mensaje de datos.
La firma electrónica.
Los certificados electrónicos.
Los proveedores de servicios de certificación.
Como complemento necesario a estas disposiciones se crea la Superintendencia de
Servicios de Certificación Electrónica, servicio autónomo con autonomía funcional,
financiera y de gestión, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo objeto es
supervisar a los Proveedores de Servicios de Certificación, bien sean estos públicos o
privados, a fin de verificar que cumplan con los requerimientos necesarios para ofrecer
un servicio eficaz y seguro a los usuarios. Estos Proveedores de Servicios de
Certificación una vez acreditados, tendrán entre sus funciones emitir un documento
contentivo de información “cerciorada” que vincule a una persona natural o jurídica y
confirme su identidad, con la finalidad que el receptor pueda asociar inequívocamente
la firma electrónica del mensaje a un emisor. El Proveedor de servicios de Certificación
da certeza de la autoría de un mensaje de datos mediante la expedición del certificado
electrónico.
Entre los principios que guían al Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, destacamos los siguientes:
1) Eficacia Probatoria. A los fines de otorgar la seguridad jurídica necesaria para la
aplicación del Decreto-Ley, así como la adecuada eficacia probatoria a los mensajes de
datos y firmas electrónicas, en el artículo 4° se atribuye a los mismos el valor
probatorio que la Ley consagra para los instrumentos escritos, los cuales gozan de
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tarifa legal y producen plena prueba entre las partes y frente a terceros de acuerdo a
su naturaleza. Asimismo, todo lo concerniente a su incorporación al proceso judicial
donde pretendan hacerse valer, se remite a las formas procedimentales reguladas para
los medios de pruebas libres, contenidas en el artículo 395 del Código de
Procedimiento Civil. De esta forma, ha sido incorporado el principio de equivalencia
funcional, adoptado por la mayoría de las legislaciones sobre esta materia y los
modelos que organismos multilaterales han desarrollado para la adopción por parte de
los países de la comunidad internacional en su legislación interna.
2) Tecnológicamente neutra. No se inclina a una determinada tecnología para las
firmas y certificados electrónicos. Incluirá las tecnologías existentes y las que están por
existir.
3) Respeto a las formas documentales existentes. Es importante destacar que
este Decreto-Ley no obliga a la utilización de la firma electrónica en lugar de la
manuscrita, sino que su utilización es voluntaria. Tampoco se pretende alterar las
restantes formas de los diversos actos jurídicos, registrales y notariales, sino que se
propone que un mensaje de datos firmado electrónicamente, no carezca de validez
jurídica únicamente por la naturaleza de su soporte y de su firma.
4) Respeto a las firmas electrónicas preexistentes. Las firmas electrónicas
utilizadas en grupos cerrados donde existan relaciones contractuales ya establecidas,
pueden ser excluidas del campo de aplicación del Decreto-Ley. En este contexto debe
prevalecer la libertad contractual de las partes.
5) Otorgamiento y reconocimiento jurídico de los Mensajes de Datos y las
Firmas Electrónicas. Asegura el otorgamiento y reconocimiento jurídico de los
mensajes de datos, las firmas electrónicas y los servicios de certificación provistos por
los proveedores de servicios de certificación, incluyendo mecanismos de
reconocimiento a nivel internacional. Establece las exigencias esenciales que cumplirán
dichos proveedores de servicios de certificación, incluida su responsabilidad.
6) Funcionamiento de las firmas electrónicas. El Decreto-Ley busca asegurar el
buen funcionamiento de las firmas electrónicas, mediante un marco jurídico
homogéneo y adecuado para el uso de estas firmas en el país y definiendo un conjunto
de criterios que constituyen los fundamentos de su validez jurídica.
7) No discriminación del mensaje de datos firmado electrónicamente. Garantiza
la fuerza ejecutoria, el efecto o la validez jurídica de una firma electrónica que no sea
cuestionado por el solo motivo de que se presente bajo la forma de mensaje de datos.
8) Libertad contractual. Permite a las partes la modalidad de sus transacciones, es
decir, si aceptan o no las firmas electrónicas.
9) Responsabilidad. Se excluye la responsabilidad siempre que el sujeto pueda
demostrar que ha tomado las diligencias necesarias según las circunstancias. Los
Proveedores de Servicios de Certificación Electrónica pueden limitar su
responsabilidad, incluyendo en los certificados que emitan las restricciones,
condiciones y límites establecidas para su utilización.
Otra característica relevante de este Decreto-Leyes el establecimiento de definiciones
de índole tecnológica que permiten una adecuada interpretación de sus normas, para
así lograr una óptima aplicación de sus disposiciones.
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Como elemento de suma importancia, el Decreto-Ley hace especial mención al Estado
para que utilice los mecanismos pertinentes previstos en él, es indispensable que éste
asuma el liderazgo en la promoción y uso de estas tecnologías. El sector
gubernamental, como el resto de los agentes que participan en el desarrollo educativo,
económico y social, necesita obtener y consolidar información de manera segura e
inmediata, debido a que la realidad nacional y mundial evoluciona a un ritmo cada vez
más rápido, por lo que es necesario disponer de información oportuna de la gestión de
los distintos organismos gubernamentales. Esto incidirá determinantemente en la
automatización de los procesos, la calidad de los servicios públicos, en el ahorro de
recursos informáticos Y presupuestarios y una mayor transparencia de la gestión de los
organismos del Estado; como consecuencia lógica de lo expuesto, el ciudadano
percibirá que las acciones del Estado estarán más cerca de sus necesidades y más
abierta a sus observaciones.
En virtud de ello, se hace necesario Que se consolide “El Gobierno Electrónico”, que
incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías de
información, en particular Internet, que el Estado desarrollará para aumentar la
eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y
proveer a las acciones del gobierno de un marco mucho más ágil y transparente que el
actual. Mediante la implementación del gobierno electrónico el ciudadano venezolano o
extranjero tiene acceso, desde cualquier lugar del mundo, a la información sobre el
funcionamiento y gestión de cada uno de los entes estatales y gubernamentales del
país, la utilidad de estas tecnologías y de este Decreto-ley Que las hace más seguras,
aumenta exponencialmente día a día.
Este marco legal y técnico que adopta el país para el desarrollo de la firma electrónica
es compatible con el Que ya existe en otros países. La aplicación de criterios legales
diferentes a los aplicados en otros países en cuanto a los efectos legales de la firma
electrónica y cualquier diferencia en los aspectos técnicos, en virtud de las cuales las
firmas electrónicas son consideradas seguras, resultaría perjudicial para el desarrollo
futuro de las relaciones y en especial del comercio electrónico Que es una modalidad
mercantil Que está creciendo y englobando transacciones de todo tipo a nivel mundial
y, por consiguiente, para el crecimiento económico del país y su incorporación a los
mercados globales.
Debido a la evolución acelerada de la tecnología, los países con legislaciones más
recientes sobre el tema, han optado al igual Que el nuestro, por proyectos simples,
tecnológicamente neutros y dinámicos, en los cuales se mantienen los grandes aciertos
de modelos anteriores (aplicación indistinta a todo tipo de actos y contratos, tanto en
el sector público como en el privado y la homologación con los documentos en formato
tradicional). El mecanismo adoptado ha sido la elaboración de normas legales de
carácter general, que validan y homologan los actos y contratos celebrados por estos
medios, y Que contienen provisiones reglamentarias para su implementaci6n. Con los
elementos básicos principales contenidos en este Decreto-Ley se brinda seguridad y
certeza jurídica a las comunicaciones, transacciones, actos y negocios electrónicos Que
utilicen los mecanismos previstos en él.
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Decreto Nº 1.204
Caracas, 10 de febrero de 2001
HUGO CHÁVEZ FRIAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo
1, numeral 5, literal b de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar
Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros,
Dicta:
El siguiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS
ELECTRÓNICAS
CAPITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Objeto y aplicabilidad del Decreto-Ley
Artículo 1.- El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y
valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información
inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material,
atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo
lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados
Electrónicos.
El presente Decreto-Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
independientemente de sus características tecnológicas o de los desarrollos
tecnológicos que se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus normas serán
desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a reconocer la validez y
eficacia probatoria de los Mensajes de datos y Firmas Electrónicas.
La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el cumplimiento de
las formalidades de registro público o autenticación que, de conformidad con la ley,
requieran determinados actos o negocios jurídicos.
Definiciones
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto-Ley, se entenderá por: Persona: Todo
sujeto jurídicamente hábil, bien sea natural, jurídica, pública, privada, nacional o
extranjera, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Mensajes de datos: Toda información inteligible en formato electrónico o similar que
pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Emisor: Persona que
origina un Mensaje de Datos por sí mismo, o a través de terceros autorizados.
Firma Electrónica: Información creada o utilizada por el Signatario, asociada al
Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido
empleado. Signatario: Es la persona titular de una Firma Electrónica o Certificado
Electrónico. Destinatario: Persona a quien va dirigido el Mensaje de Datos.
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Proveedor de Servicios de Certificación: Persona dedicada a proporcionar
Certificados Electrónicos y demás actividades previstas en este Decreto-Ley.
Acreditación: es el titulo que otorga la Superintendencia de servicios de Certificación
Electrónica a los Proveedores de Servicios de Certificación para proporcionar
certificados electrónicos, una vez cumplidos los requisitos y condiciones establecidos
en este Decreto-Ley.
Certificado Electrónico: Mensaje de Datos proporcionado por un Proveedor de
Servicios de Certificación que le atribuye certeza y validez a la Firma Electrónica.
Sistema de Información: Aquel utilizado para generar, procesar o archivar de
cualquier forma Mensajes de Datos.
Usuario: Toda persona que utilice un sistema de información.
Inhabilitación técnica: Es la incapacidad temporal o permanente del Proveedor de
Servicios de Certificación que impida garantizar el cumplimiento de sus servicios, así
como, cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto-Ley para el
ejercicio de sus actividades.
El reglamento del presente Decreto-Ley podrá adaptar las definiciones antes señaladas
a los desarrollos tecnológicos que se produzcan en el futuro. Así mismo, podrá
establecer otras definiciones que fueren necesarias para la eficaz aplicación de este
Decreto-Ley.
Adaptabilidad del Decreto-Ley.
Artículo 3.- El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para que los
organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, utilizando los mecanismos
descritos en este Decreto-Ley.
CAPITULO II
DE LOS MENSAJES DE DATOS
Eficacia Probatoria
Artículo 4.- Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley
otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del
artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación
como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en
el Código de Procedimiento Civil.
La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso,
tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones
fotostáticas.
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Sometimiento a la Constitución y a la ley
Artículo 5.- Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las disposiciones
constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de las
comunicaciones y de acceso a la información personal.
Cumplimiento de solemnidades y formalidades
Artículo 6.- Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el
cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para
ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley.
Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa,
ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado
una Firma Electrónica.
Integridad del Mensaje de Datos
Artículo 7.- Cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada
en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de
Datos si se ha conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho
Mensaje de Datos esté disponible. A tales efectos, se considerará que un Mensaje de
Datos permanece íntegro, si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún
cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.
Constancia por escrito del Mensaje de Datos
Artículo 8.- Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito
quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste
contiene es accesible para su ulterior consulta.
Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su
soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período
determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante
la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato
que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o
recibida.
3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del
Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.
Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los
requisitos señalados en este artículo.
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CAPITULO III
DE LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS
Verificación de la emisión del Mensaje de Datos
Artículo 9. Las partes podrán acordar un procedimiento para establecer cuándo el
Mensaje de Datos proviene efectivamente del Emisor. A falta de acuerdo entre las
partes, se entenderá que un Mensaje de Datos proviene del Emisor, cuando éste ha
sido enviado por:
1. El propio Emisor.
2. Persona autorizada para actuar en nombre del Emisor respecto de ese mensaje.
3. Por un Sistema de Información programado por el Emisor, o bajo su autorización,
para que opere automáticamente.
Oportunidad de la emisión.
Artículo 10.- Salvo acuerdo en contrario entre las partes, el Mensaje de Datos se
tendrá por emitido cuando el sistema de información del Emisor lo remita al
Destinatario.
Reglas para la determinación de la recepción
Artículo 11.- Salvo acuerdo en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el
momento de recepción de un Mensaje de Datos se determinará conforme a las
siguientes reglas:
1. Si el Destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de
Mensajes de Datos, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese
al sistema de información designado.
2. Si el Destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá
lugar, salvo prueba en contrario, al ingresar el Mensaje de Datos en un sistema de
información utilizado regularmente por el Destinatario.
Lugar de emisión y recepción
Artículo 12.- Salvo prueba en contrario, el Mensaje de Datos se tendrá por emitido en
el lugar donde el Emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el
Destinatario tenga el suyo.
Del acuse de recibo
Artículo 13.- El Emisor de un Mensaje de Datos podrá condicionar los efectos de dicho
mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el Destinatario.
Las partes podrán determinar un plazo para la recepción del acuse de recibo. La no
recepción de dicho acuse de recibo dentro del plazo convenido, dará lugar a que se
tenga el Mensaje de Datos como no emitido.
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Cuando las partes no establezcan un plazo para la recepción del acuse de recibo, el
Mensaje de Datos se tendrá por no emitido si el Destinatario no envía su acuse de
recibo en un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de su emisión.
Cuando el Emisor reciba el acuse de recibo del Destinatario conforme a lo establecido
en el presente artículo, el Mensaje de Datos surtirá todos sus efectos.
Mecanismos y métodos para el acuse de recibo
Artículo 14.- Las partes podrán acordar los mecanismos y métodos para el acuse de
recibo de un Mensaje de Datos. Cuando las partes no hayan acordado que para el
acuse de recibo se utilice un método determinado, se considerará que dicho requisito
se ha cumplido cabalmente mediante:
1. Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, que señale la recepción del
Mensaje de Datos.
2. Todo acto del Destinatario que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al
Emisor que ha recibido su Mensaje de Datos.
Oferta y aceptación en los contratos
Artículo 15. En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y
aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos.
CAPITULO IV
DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS
Validez y eficacia de la Firma Electrónica. Requisitos.
Artículo 16.- La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje
de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que
la ley otorga a la firma autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra
cosa, la Firma Electrónica deberá llenar los siguientes aspectos:
1. Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una
vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad.
2. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología
existente en cada momento.
3. No alterar la integridad del Mensaje de Datos.
A los efectos de este artículo, la Firma Electrónica podrá formar parte integrante del
Mensaje de Datos, o estar inequívocamente asociada a éste; enviarse o no en un
mismo acto.
Efectos jurídicos. Sana critica.
Artículo 17.- La Firma Electrónica que no cumpla con los requisitos señalados en el
artículo anterior no tendrá los efectos jurídicos que se le atribuyen en el presente
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Capítulo, sin embargo, podrá constituir un elemento de convicción valorable conforme
a las reglas de la sana crítica.
La certificación
Artículo 18. La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de
Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se
considerará que cumple con los requisitos señalados en el artículo 16.
Obligaciones del signatario
Artículo 19.- El Signatario de la Firma Electrónica tendrá las siguientes obligaciones:
1. Actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de su Firma Electrónica.
2. Notificar a su Proveedor de Servicios de Certificación que su Firma Electrónica ha
sido controlada por terceros no autorizados o indebidamente utilizada, cuando
tenga conocimiento de ello.
El Signatario que no cumpla con las obligaciones antes señaladas será responsable de
las consecuencias del uso no autorizado de su Firma Electrónica.
CAPITULO V
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Creación de la Superintendencia.
Artículo 20.- Se crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica,
como un servicio autónomo con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y
de gestión, en las materias de su competencia, dependiente del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Objeto de la Superintendencia
Artículo 21.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tiene por
objeto acreditar, supervisar y controlar, en los términos previstos en este Decreto-Ley
y sus reglamentos, a los Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados.
Competencias de la Superintendencia
Artículo 22.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tendrá las
siguientes competencias:
1. Otorgar la acreditación y la correspondiente renovación a los Proveedores de
Servicios de Certificación una vez cumplidas las formalidades y requisitos de este
Decreto-Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables.
2. Revocar o suspender la acreditación otorgada cuando se incumplan las condiciones,
requisitos y obligaciones que se establecen en el presente Decreto-Ley.
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3. Mantener, procesar, clasificar, resguardar y custodiar el Registro de los
Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados.
4. Verificar que los Proveedores de Servicios de Certificación cumplan con los
requisitos contenidos en el presente Decreto-Ley y sus reglamentos.
5. Supervisar las actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación
conforme a este Decreto-Ley, sus reglamentos y las normas y procedimientos que
establezca la Superintendencia en el cumplimiento de sus funciones.
6. Liquidar, recaudar y administrar las tasas establecidas en el artículo 24 de este
Decreto-Ley.
7. Liquidar y recaudar las multas establecidas en el presente Decreto-Ley.
8. Administrar los recursos que se le asignen y los que obtenga en el desempeño de
sus funciones.
9. Coordinar con los organismos nacionales o internacionales cualquier aspecto
relacionado con el objeto de este Decreto-Ley.
10. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios
realizados por los Proveedores de Servicios de Certificación.
11.Abrir, de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos
administrativos relativos a presuntas infracciones a este Decreto-Ley.
12.Requerir de los Proveedores de Servicios de Certificación o sus usuarios, cualquier
información que considere necesaria y que esté relacionada con materias relativas
al ámbito de sus funciones.
13.Actuar como mediador en la solución de conflictos que se susciten entre los
Proveedores de Servicios de Certificados y sus usuarios, cuando ello sea solicitado
por las partes involucradas, sin perjuicio de las atribuciones que tenga el organismo
encargado de la protección, educación y defensa del consumidor y el usuario,
conforme a la ley que rige esta materia.
14.Seleccionar los expertos técnicos o legales que considere necesarios para facilitar el
ejercicio de sus funciones.
15. Presentar un informe anual sobre su gestión al Ministerio de adscripción.
16. Tomar las medidas preventivas o correctivas que considere necesarias conforme a
lo previsto en este Decreto-Ley.
17. Imponer las sanciones establecidas en este Decreto-Ley.
18. Determinar la forma y alcance de los requisitos establecidos en los artículos 31 y
32 del presente Decreto-Ley.
19. Las demás que establezcan la ley y los reglamentos.
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Ingresos de la Superintendencia
Artículo 23. Son ingresos de la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica:
1. Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto a través del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
2. Los provenientes de su gestión conforme a lo establecido en esta Ley.
3. Cualquier otro ingreso permitido por ley.
De las tasas
Articulo 24. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica cobrará las
siguientes tasas:
1. Por la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación se cobrará una
tasa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).
2. Por la renovación de la acreditación de los Proveedores de Servicios de Certificación
se cobrará una tasa de quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
3. Por la cancelación de la acreditación de los Proveedores de Servicios de
Certificación se cobrará una tasa de quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
4. Por la autorización que se otorgue a los Proveedores de Servicios de Certificación
debidamente acreditados en relación a la garantía de los Certificados Electrónicos
proporcionados por Proveedores de Servicios de Certificación extranjeros, conforme
a lo establecido en el artículo 44 del presente Decreto-Ley, se cobrará una tasa de
quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Los Proveedores de Servicios de Certificación constituidos por entes públicos estarán
exentos del pago de las tasas previstas en este artículo.
Mecanismos de control
Artículo 25.- La Contraloría Interna del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercerá
las funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
públicos sobre este servicio autónomo, de conformidad con la ley que regula la
materia.
De la supervisión
Artículo 26.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica supervisará
a los Proveedores de Servicios de Certificación con el objeto de verificar que cumplan
con los requerimientos necesarios para ofrecer un servicio eficaz a sus usuarios. A tal
efecto, podrá directamente o a través de expertos, realizar las inspecciones y
auditorias que fueren necesarias para comprobar que los Proveedores de Servicios de
Certificación cumplen con tales requerimientos.
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Medidas para garantizar la confiabilidad
Artículo 27.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica podrá
adoptar las medidas preventivas o correctivas necesarias para garantizar la
confiabilidad de los servicios prestados por los Proveedores de Servicios de
Certificación. A tal efecto, podrá ordenar, entre otras medidas, el uso de estándares o
prácticas internacionalmente aceptadas para la prestación de los servicios de
certificación electrónica, o que el Proveedor se abstenga de realizar cualquier actividad
que ponga en peligro la integridad o el buen uso del servicio.
Designación del Superintendente
Artículo 28.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica estará a
cargo de un Superintendente, será de libre designación y remoción del Ministro de
Ciencia y Tecnología.
Requisito para ser Superintendente
Artículo 29.- El Superintendente de Servicios de Certificación Electrónica, debe reunir
los siguientes requisitos:
1. Ser venezolano.
2. De reconocida competencia técnica y profesional para el ejercicio de sus funciones.
No podrá ser Superintendente, los miembros directivos, agentes, comisarios,
administradores o accionistas de empresas o instituciones sometidas al control de la
Superintendencia. Tampoco podrá ejercer tal cargo el que tenga parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con personas naturales también
sometidas al control de la Superintendencia.
Atribuciones del Superintendente
Artículo 30.- Son atribuciones del Superintendente:
1. Dirigir el Servicio Autónomo Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica.
2. Suscribir los actos y documentos relacionados con las materias especificadas en el
artículo 22 de este Decreto-Ley.
3. Administrar los recursos e ingresos del Servicio Autónomo Superintendencia de
Servicios de Certificación Electrónica.
4. Celebrar previa delegación del Ministro de Ciencia y Tecnología, convenios con
organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, derivados del
cumplimiento de las atribuciones que corresponden a la Superintendencia de
Servicios de Certificación Electrónica.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto anual, de conformidad con las previsiones
legales correspondientes.
6. Proponer escalas especiales de remuneración para el personal de la
Superintendencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
7. Presentar al Ministro de Ciencia y Tecnología el Proyecto de Reglamento Interno.
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8. Celebrar previa delegación del Ministro de Ciencia y Tecnología, los contratos de
trabajo y de servicios de personal, que requiera la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica para su funcionamiento.
9. Elaborar anualmente la memoria y cuenta de la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica.
10. Las demás que le sean asignadas por el Ministro de Ciencia y Tecnología.
CAPITULO VI
DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
Requisito para ser Proveedor
Artículo 31.- Podrán ser Proveedores de Servicios de Certificación, las personas, que
cumplan y mantengan los siguientes requisitos:
1. La capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios
autorizados como Proveedor de Servicios de Certificación. En el caso de organismos
públicos, éstos deberán contar con un presupuesto de gastos y de ingresos que
permitan el desarrollo de esta actividad.
2. La capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer Certificados
Electrónicos.
3. Garantizar un servicio de suspensión, cancelación y revocación, rápido y seguro, de
los Certificados Electrónicos que proporcione.
4. Un sistema de información de acceso libre, permanente, actualizado y eficiente en
el cual se publiquen las políticas y procedimientos aplicados para la prestación de
sus servicios, así como los Certificados Electrónicos que hubiere proporcionado,
revocado, suspendido o cancelado y las restricciones o limitaciones aplicables a
éstos.
5. Garantizar que en la emisión de los Certificados Electrónicos que provea se utilicen
herramientas y estándares adecuados a los usos internacionales, que estén
protegidos contra su alteración o modificación, de tal forma que garanticen la
seguridad técnica de los procesos de certificación.
6. En caso de personas jurídicas, éstas deberán estar legalmente constituidas de
conformidad con las leyes del país de origen.
7. Personal técnico adecuado con conocimiento especializado en la materia y
experiencia en el servicio a prestar.
8. Las demás que señale el reglamento de este Decreto-Ley.
El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la
revocatoria de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica, sin perjuicio de las sanciones previstas en este Decreto-Ley.
De la acreditación
Artículo 32.- Los Proveedores de Servicios de Certificación presentarán ante la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, junto con la correspondiente
solicitud, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en
el artículo 31. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, previa
verificación de tales documentos, procederá a recibir y procesar dicha solicitud y
deberá pronunciarse sobre la acreditación del Proveedor de Servicios de Certificación,
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dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud.
Una vez aprobada la solicitud del Proveedor de Servicios de Certificación, éste
presentará, a los fines de su acreditación, garantías que cumplan con los siguientes
requisitos:
1. Ser expedidas por una entidad aseguradora o bancaria autorizada para operar en el
país, conforme a las disposiciones que rigen la materia.
2. Cubrir todos los perjuicios contractuales y extracontractuales de los signatarios y
terceros de buena fe derivados de actuaciones dolosas, culposas u omisiones
atribuibles a los administradores, representantes legales o empleados del
Proveedor de Servicios de Certificación.
El Proveedor de Servicios de Certificación deberá mantener vigente la garantía aquí
solicitada por el tiempo de vigencia de su acreditación. El incumplimiento de este
requisito dará lugar a la revocatoria de la acreditación otorgada por la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica.
Negativa de la acreditación
Artículo 33.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica podrá
negar la solicitud a que se refiere el artículo anterior, en caso que el solicitante no
reúna los requisitos señalados en este Decreto-Ley y sus reglamentos.
Actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación
Artículo 34.- Los Proveedores de Servicios de Certificación realizarán entre otras, las
siguientes actividades:
1. Proporcionar, revocar o suspender los distintos tipos o clases de Certificados
Electrónicos.
2. Ofrecer o facilitar los servicios de creación de Firmas Electrónicas.
3. Ofrecer servicios de archivo cronológicos de las Firmas Electrónicas certificadas por
el Proveedor de Servicios de Certificación.
4. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos.
5. Garantizar Certificados Electrónicos proporcionados por Proveedores de Servicios
de Certificación extranjeros.
6. Las demás que se establezcan en el presente Decreto-Ley o en sus reglamentos.
Los Certificados Electrónicos proporcionados por los Proveedores de Servicios de
Certificación garantizarán la validez de las Firmas Electrónicas que certifiquen, y la
titularidad que sobre ellas tengan sus Signatarios.
Obligaciones de los Proveedores
Artículo 35.- Los Proveedores de Servicios de Certificación tendrán las siguientes
obligaciones:
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1. Adoptar las medidas necesarias para determinar la exactitud de los Certificados
Electrónicos que proporcionen y la identidad del Signatario.
2. Garantizar la validez, vigencia y legalidad del Certificado Electrónico que
proporcione.
3. Verificar la información suministrada por el Signatario para la emisión del
Certificado Electrónico.
4. Mantener en medios electrónicos o magnéticos, para su consulta, por diez (10)
años siguientes al vencimiento de los Certificados Electrónicos que proporcionen,
un archivo cronológico con la información relacionada con los referidos Certificados
Electrónicos.
5. Garantizar a los Signatarios un medio para notificar el uso indebido de sus Firmas
Electrónicas.
6. Informar a los interesados en sus servicios de certificación, utilizando un lenguaje
comprensible en su pagina en la Internet o en cualquier otra red mundial de acceso
público, los términos precisos y condiciones para el uso del Certificado Electrónico
y, en particular, de cualquier limitación sobre su responsabilidad, así como de los
procedimientos especiales existentes para resolver cualquier controversia.
7. Garantizar la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información y
documentos relacionados con los servicios que proporcione. A tales efectos,
deberán mantener un respaldo confiable y seguro de dicha información.
8. Garantizar la adopción de las medidas necesarias para evitar la falsificación de
Certificados Electrónicos y de las Firmas Electrónicas que proporcionen.
9. Efectuar las notificaciones y publicaciones necesarias para informar a los
signatarios y personas interesadas acerca del vencimiento, revocación, suspensión
o cancelación de los Certificados Electrónicos que proporcione, así como de
cualquier otro aspecto de relevancia para el público en general, en relación con
dichos Certificados Electrónicos.
10. Notificar a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica cuando
tenga conocimiento de cualquier hecho que pueda conllevar a su Inhabilitación
Técnica.
El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la
suspensión de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente
Decreto-Ley.
La contraprestación del servicio
Artículo 36.- La contraprestación por los servicios que los Proveedores de Servicios de
Certificación presten, estará sujeta a las reglas de la oferta y la demanda.
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Notificación del cese de actividades
Artículo 37.- Cuando los Proveedores de Servicios de Certificación decidan cesar en
sus actividades, lo notificarán a la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica, al menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha de cesación.
En el caso de Inhabilitación Técnica, el Proveedor de Servicios de Certificación
notificará inmediatamente a la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica.
Recibida cualesquiera de las notificaciones señaladas en este artículo, la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica emitirá un acto por el cual se
declare públicamente la cesación de actividades del Proveedor de Servicios de
Certificación como prestador de ese servicio, sin perjuicio de las investigaciones que
pueda realizar a fin de determinar las causas que originaron el cese de las actividades
del Proveedor, y las medidas que fueren necesarias adoptar con el objeto de
salvaguardar los derechos de los usuarios. En ese acto la Superintendencia podrá
ordenar al Proveedor que realice los trámites que considere necesarios para hacer del
conocimiento público la cesación de esas actividades, y para garantizar la conservación
de la información que fuere de interés para sus usuarios y el público en general.
En todo caso, el cese de las actividades de un Proveedor de Servicios de Certificación
conllevará su retiro del registro llevado por la Superintendencia de Servicios de
Certificación Electrónica.
CAPITULO VII
CERTIFICADOS ELECTRONICOS
Garantía de la autoría de la Firma Electrónica
Artículo 38.- El Certificado Electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica que
certifica así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no
confiere la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios
públicos a los actos, documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban.
Vigencia del Certificado Electrónico.
Artículo 39.- El Proveedor de Servicios de Certificación y el Signatario, de mutuo
acuerdo, determinarán la vigencia del Certificado Electrónico.
Cancelación
Artículo 40.- La cancelación de un Certificado Electrónico procederá cuando el
Signatario así lo solicite a su Proveedor de Servicios de Certificación. Dicha cancelación
no exime al Signatario de las obligaciones contraídas durante la vigencia del
Certificado, conforme a lo previsto en este Decreto-Ley.
El Signatario estará obligado a solicitar la cancelación del Certificado Electrónico
cuando tenga conocimiento del uso indebido de su Firma Electrónica. Si el Signatario
en conocimiento de tal situación no solicita dicha cancelación, será responsable por los
daños y perjuicios sufridos por terceros de buena fe como consecuencia del uso
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indebido de la Firma Electrónica certificada mediante el correspondiente Certificado
Electrónico.
Suspensión temporal voluntaria
Artículo 41.- El Signatario podrá solicitar la suspensión temporal del Certificado
Electrónico, en cuyo caso su Proveedor deberá proceder a suspender el mismo durante
el tiempo solicitado por el Signatario.
Suspensión o revocatoria forzosa
Artículo 42.- En los contratos que celebren los Proveedores de Servicios de
Certificación con sus usuarios, se deberán establecer como causales de suspensión o
revocatoria del Certificado Electrónico de la Firma Electrónica, las siguientes:
1. Sea solicitado por una autoridad competente de conformidad con la ley.
2. Se compruebe que alguno de los datos del Certificado Electrónico proporcionado
por el Proveedor de Servicios de Certificación es falso.
3. Se compruebe el incumplimiento de una obligación principal derivada del contrato
celebrado entre el Proveedor de Servicios de Certificación y el Signatario.
4. Se produzca una Quiebra Técnica del sistema de seguridad del Proveedor de
Servicios de Certificación que afecte la integridad y confiabilidad del certificado
contentivo de la Firma Electrónica.
Así mismo, se preverá en los referidos contratos que los Proveedores de Servicios de
Certificación podrán dejar sin efecto la suspensión temporal del Certificado Electrónico
de una Firma Electrónica al verificar que han cesado las causas que originaron dicha
suspensión, en cuyo caso el Proveedor de Servicios de Certificación correspondiente
estará en la obligación de habilitar de inmediato el Certificado Electrónico de que se
trate.
La vigencia del Certificado Electrónico cesará cuando se produzca la extinción o
incapacidad absoluta del Signatario
Contenido de los Certificados Electrónicos
Artículo 43.- Los Certificados Electrónicos deberán contener la siguiente información:
1. Identificación del Proveedor de Servicios de Certificación que proporciona el
Certificado Electrónico, indicando su domicilio y dirección electrónica.
2. El código de identificación asignado al Proveedor de Servicios de Certificación por la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica.
3. Identificación del titular del Certificado Electrónico, indicando su domicilio y
dirección electrónica.
4. Las fechas de inicio y vencimiento del periodo de vigencia del Certificado
Electrónico.
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5. La Firma Electrónica del Signatario.
6. Un serial único de identificación del Certificado Electrónico.
7. Cualquier información relativa a las limitaciones de uso, vigencia y responsabilidad
a las que esté sometido el Certificado Electrónico.
Certificados electrónicos extranjeros
Artículo 44.- Los Certificados Electrónicos emitidos por proveedores de servicios de
certificación extranjeros tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en el
presente Decreto-Ley, siempre que tales certificados sean garantizados por un
Proveedor de Servicios de Certificación, debidamente acreditado conforme a lo previsto
en el presente Decreto-Ley, que garantice, en la misma forma que lo hace con sus
propios certificados, el cumplimiento de los requisitos, seguridad, validez y vigencia del
certificado. Los certificados electrónicos extranjeros, no garantizados por un Proveedor
de Servicios de Certificación debidamente acreditado conforme a lo previsto en el
presente Decreto-Ley, carecerán de los efectos jurídicos que se atribuyen en el
presente Capítulo, sin embargo, podrán constituir un elemento de convicción valorable
conforme a las reglas de la sana crítica.
CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES
A los Proveedores de Servicios de Certificación
Artículo 45.- Los Proveedores de Servicios de Certificación serán sancionados con
multa de Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil Unidades Tributarias
(2.000 U.T.), cuando incumplan las obligaciones que les impone el artículo 35 del
presente Decreto-Ley.
Los Proveedores de Servicios de Certificación serán sancionados con multa de
Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a Dos Mil Unidades Tributarias (2.000
U.T.), cuando dejen de cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo
31 del presente Decreto-Ley.
Las sanciones serán impuestas en su término medio, pero podrán ser aumentadas o
disminuidas en atención a las circunstancias agravantes o atenuantes existentes.
Circunstancias agravantes y atenuantes.
Artículo 46.- Son circunstancias agravantes:
1. La reincidencia y la reiteración.
2. La gravedad del perjuicio causado al Usuario.
3. La gravedad de la infracción.
4. La resistencia o reticencia del infractor para esclarecer los hechos.
Son circunstancias atenuantes:
1. No haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad.
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2. Las que se evidencien de las pruebas aportadas por el infractor en su descargo.
En el proceso se apreciará el grado de la culpa para agravar o atenuar la pena.
Prescripción de las sanciones
Artículo 47.- Las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de tres (3) años,
contados a partir de la fecha de notificación al infractor.
Falta de acreditación
Artículo 48.- Serán sancionadas con multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000)
Unidades Tributarias (U.T.), las personas que presten los servicios de Proveedores de
Servicios de Certificación previstos en este Decreto-Ley, sin la acreditación de la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, alegando tenerla.
Procedimiento ordinario
Artículo 49.- Para la imposición de las multas previstas en los artículos anteriores, la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica aplicará el procedimiento
administrativo ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Primera. El presente Decreto-Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Segunda. Los procedimientos, trámites y recursos contra los actos emanados de la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, se regirán por lo previsto en
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Tercera. Sin limitación de otros que se constituyan, el Estado creará un Proveedor de
Servicios de Certificación de carácter público, conforme a las normas del presente
Decreto-Ley. El Presidente de la República determinará la forma y adscripción de este
Proveedor de Servicios de Certificación.
Cuarta. La Administración Tributaria y Aduanera adoptará las medidas necesarias para
ejercer sus funciones utilizando los mecanismos descritos en este Decreto-Ley, así
como para que los contribuyentes puedan dar cumplimiento a sus obligaciones
tributarias mediante dichos mecanismos.
