La auto administración del condominio puede ser realizada legalmente en Venezuela por la junta de condominio; así lo señala el artículo 18, literal “c”. Para ello se requiere una comunidad bien organizada y copropietarios motivados para apoyarla y supervisarla. Nadie mejor que los copropietarios para cuidar las cosas comunes.
El abogado debe seguir una metodología especial para redactar un poder que se le va a conferir para determinadas actuaciones judiciales o negocios jurídicos. De allí, que debe basarse en normas vigentes para evitar los vicios y fallas del poder; lo que afectaría su representación jurídica.
Los propietarios tóxicos en el condominio se dedican a malponer a otros que con buena voluntad, invierten su tiempo para servir útilmente. Los tóxicos apuntan siempre a obtener algún beneficio material (dinero o de otra naturaleza) y a abusar de otros propietarios que se dejan guiar para no meterse en problemas en el condominio.
El administrador del condominio es un mandatario designado por la asamblea, la cual tiene una serie de responsabilidades legales que están en la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 20, en Venezuela y que todos lamentablemente hoy no cumplen a cabalidad.
La renuncia de los mandatarios en los condominios en Venezuela no está condicionada a nada; es un acto voluntario y puede ocurrir en cualquier momento. Quien renuncia, no puede continuar en el cargo, ni tiene que esperar quien lo releve; cesa en el acto en sus funciones.
La ruina puede ser perfectamente erradicada de un condominio con la voluntad de sus propietarios; y la actuación responsable de un administrador y de la junta de condominio.
Las plantas eléctricas no pueden instalarse en áreas particulares del condominio.
Es importante evaluar a proveedores y los repuestos que ofrecen en la protección eléctrica de los motores de los ascensores y sus componentes electrónicos
La evaluación de precios entre proveedores cuando ofrecen repuestos y mano de obras pareciera ser una labor sencilla;…
La asamblea de propietarios puede y debe aprobar la indexación o corrección extrajudicial de las deudas en bolívares de los morosos, mediante el protocolo de indexación; también debe aprobar el protocolo de gestión de divisas extranjeras para anclar el valor de los gastos comunes a una moneda dura, como el dólar norteamericano.